Demagogia de derecha y sus riesgos



En primer año de la Facultad, el profesor Jorge De la Rúa enseñaba que si el derecho penal liberal existe en una democracia, es para crear una esfera de protección de los ciudadanos frente al poder punitivo del Estado. No para castigar la delincuencia.

En efecto, el crimen bien podría ser reprimido sin necesidad de un Código Penal y de una Constitución. Solamente con agentes policiales armados y servicios de inteligencia. De hecho, así ha sido a lo largo de la historia de los regímenes autoritarios. Así es en la actualidad en dictaduras como la de Cuba y Venezuela.

Sin embargo, si existe un apego al debido proceso, las garantías constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos, es precisamente para resguardar al individuo de los abusos y los excesos del poder estatal y sus agentes, cuya fuerza es superior a la de cualquier organización criminal privada. El injustamente criticado garantismo que nos rige es de inspiración liberal. Su fuente ideológica no es el socialismo ni el comunismo.

A su vez, nuestra legislación establece que la máxima sanción prevista es la pérdida de la libertad. No se permite la ejecución extrajudicial, la tortura, la vejación ni la quita de la dignidad del reo. La pena es por un tiempo, no de por vida, y siempre por la comisión o la omisión de un acto determinado. Se juzga el hacer o no hacer, jamás el ser. Además, la prisión preventiva únicamente es admitida ante la existencia de peligrosidad procesal, es decir, la posibilidad de entorpecimiento del proceso, como la fuga, al no existir juicio penal en rebeldía, o la destrucción de elementos probatorios; no existe tal cosa como la causal por presunción de culpabilidad.

En materia de aplicación de la ley penal a un caso concreto, conforme al sistema republicano, la única palabra válida es la del Poder Judicial. De manera tal que la intromisión del Ejecutivo o del Legislativo significa una violación al principio de separación de poderes.

Así las cosas, es necesario recordar que la demagogia de derecha es tan peligrosa como la demagogia de izquierda. Utilizar de chivo expiatorio a extranjeros, inmigrantes, adolescentes y niños no solamente es inmoral, sino también un error.

Por otro lado, debemos recuperar el prestigio y la figura del procurador general de la nación como la máxima autoridad de la república que decide la política criminal. De hecho, esta competencia solo a él le pertenece. Fijar los criterios a seguir en la persecución penal es propio del Ministerio Público. No es atribución del presidente, del Ministerio de Seguridad ni del Congreso de la Nación.

Como ya han propuesto la Coalición Cívica y otros partidos en numerosos proyectos de ley, debemos imponer el juicio por jurados populares, en especial para delitos complejos y de corrupción, de forma tal de quitar el monopolio del poder a jueces técnicos poco transparentes, profesionalizar a la policía con una formación no menor a los 4 años y mejorar sustancialmente sus salarios.

Asimismo, reformar las cárceles para que permitan la resocialización del preso y que no sean lugares crueles. En este sentido ya han avanzado países desarrollados como Noruega, cuyo modelo deberíamos seguir.

En la provincia de Córdoba, por ejemplo, el presupuesto judicial es del 6,32% del total. En consecuencia, los tribunales están colapsados y no hay posibilidad de garantizar la tutela judicial efectiva, lo que significa dar respuesta al clamor social por tener justicia y paz.

Hay que reducir el despilfarro en publicidad de los actos de gobierno, lo que en realidad es, en su inmensa mayoría, propaganda política encubierta, y asignar esos fondos a aumentar el presupuesto en la administración de justicia. Cuestión de prioridades.

A la vez, los jueces y los funcionarios judiciales deben dar el ejemplo y pagar el impuesto a las ganancias, rendir cuentas periódicamente, ser auditados por organismos de control externos y por las Legislaturas provinciales, y estas no dudar en las destituciones de magistrados y fiscales que no cumplan la ley.

Es verdad: la deuda en materia de política criminal y judicial es larga. No obstante, el camino del atajo y la demagogia, sea de izquierda o sea de derecha, no solucionará los problemas. Por el contrario, los agudizará.

El humanismo se desvanece cuando antes que ver a otra persona y su complejidad solo podemos ver al delincuente, el asesino, el ladrón, el golpista o el corrupto.

El autor es abogado y dirigente de la Coalición Cívica ARI.



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